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LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Por: María Alexandra Vilchez

La acción reivindicatoria es una herramienta legal de vital importancia para la protección del derecho de propiedad en el sistema jurídico peruano. Esta acción, contemplada en el artículo 927 del Código Civil peruano, permite restablecer el derecho de propiedad a su titular. A través de esta acción, el propietario legítimo puede exigir la restitución de un bien mueble o inmueble que se encuentra en posesión de otra persona sin derecho alguno sobre el mismo y que de esta manera pueda recuperar el control y el disfrute de su propiedad.

Es importante destacar los requisitos necesarios para acceder a la acción reivindicatoria. Estos requisitos incluyen:

La principal característica de la acción reivindicatoria es que es imprescriptible, lo que significa que el propietario puede ejercerla en cualquier momento, incluso si han pasado muchos años desde que se produjo la ocupación ilegal del bien. Sin embargo, es importante destacar que esta acción no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción, lo que significa que si la persona que ocupa el bien ha estado en posesión del mismo por un período determinado y de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley (artículo 950 y 951 del Código Civil), se considera que ha adquirido la propiedad y, por lo tanto, la acción reivindicatoria no procede en su contra. Tampoco procede contra el adquirente a título oneroso y de buena fe que ha inscrito su derecho en los Registros Públicos.

La sentencia favorable en una acción reivindicatoria tiene dos efectos principales. En primer lugar, tiene un efecto declarativo, mediante el cual se reconoce el derecho de propiedad del demandante sobre el bien objeto de la acción. Esto implica que se establece de manera oficial y judicial que el demandante es el propietario legítimo del bien en disputa. En segundo lugar, la sentencia tiene un efecto de condena, por el cual se ordena la restitución del bien al demandante. Esto significa que el poseedor ilegítimo debe entregar el bien al propietario legítimo, quien puede tomar posesión efectiva y ejercer plenamente sus derechos de propiedad.

Para ejemplificar este tema uno de los casos más comunes es el siguiente: Supongamos que Juan es propietario de una parcela de terreno en la ciudad de Lambayeque. Juan ha poseído y utilizado el terreno de manera pacífica y continua durante varios años. Sin embargo, un día descubre que su vecino, Pedro, ha construido una edificación en una parte del terreno que le pertenece.

Para recuperar la posesión de su terreno, Juan decide iniciar una demanda sobre acción reivindicatoria contra Pedro. Para ello, debe recopilar todos los documentos que demuestran su titularidad sobre la parcela, como escrituras de compra-venta, recibos de pago de impuestos, entre otros.

Durante el proceso, ambas partes presentan sus pruebas. Juan presenta los documentos que demuestran su titularidad sobre el terreno y testimonios de testigos que confirman su posesión y uso del mismo. Por su parte, Pedro intenta demostrar que ha adquirido el terreno de buena fe y de manera legítima.

El juez evalúa las pruebas presentadas por ambas partes y, tras analizar la situación, emite una sentencia. Si en la sentencia se determina que Juan es el propietario legítimo del terreno y que Pedro ha ocupado y construido en una parte de manera ilegal, el juez ordenará la restitución del terreno a Juan y el desalojo de Pedro. Se establecerá un plazo para que Pedro desocupe la edificación construida en el terreno de Juan, y se advierte que, en caso de incumplimiento, se solicitará el apoyo de la PNP para llevar a cabo el desalojo.

Una vez ejecutada la sentencia, Juan recupera la posesión de su terreno y Pedro es desalojado de la edificación construida. De esta manera, se ha restablecido el derecho de propiedad de Juan sobre su parcela de terreno mediante la Acción Reivindicatoria.

En conclusión, la acción reivindicatoria es un recurso legal fundamental para proteger el derecho de propiedad en nuestro país. Permite a los propietarios legítimos recuperar la posesión de un bien que ha sido ocupado o adquirido de manera ilegal por terceros. Siguiendo el procedimiento establecido por la ley, se busca restituir la titularidad y la posesión del bien al verdadero titular del derecho de propiedad.